Residence for Andorran nationals and qualifying family

Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales, hecho "ad referendum" en Bruselas el 4 de diciembre de 2000.

Para la entrada y estancia, por un período que no supere los noventa días, los nacionales de una Parte contratante tendrán acceso, sin visado, al territorio de la otra Parte previa simple presentación de un documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento de viaje válido

Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 3.o y 4.o del artículo 7 y del artículo 9, las condiciones de establecimiento aplicadas a los nacionales andorranos en el territorio de la otra Parte serán al menos tan favorables como las que España y Francia apliquen a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

Los estudiantes nacionales de una Parte contratante tendrán acceso a los establecimientos de formación y enseñanza de la otra Parte en las mismas condiciones que los nacionales de esta última, siempre que justifiquen una cobertura para los riesgos de enfermedad, maternidad y accidente y recursos suficientes de conformidad con la legislación o con la reglamentación del Estado de acogida.

Los nacionales de una Parte contratante que deseen establecerse en el territorio de la otra Parte sin ejercer en él actividades lucrativas deberán reunir las condiciones fijadas por la legislación o la reglamentación del Estado de acogida, en particular por lo que se refiere a sus recursos. Deberán, asimismo, justificar una cobertura de los riesgos de enfermedad, maternidad y accidente.

Los nacionales de una Parte contratante establecidos en el territorio de la otra Parte, de conformidad con el artículo 4 del presente Convenio, podrán ejercer en él cualquier actividad profesional por cuenta ajena en las mismas condiciones que los nacionales de esta última.

Los nacionales de una Parte contratante podrán ejercer una profesión liberal en el territorio de la otra Parte en las condiciones previstas por la legislación o la reglamentación del Estado de acogida.

Para una residencia de más de noventa días en el territorio de una Parte contratante, los nacionales de la otra Parte deberán poseer una autorización de residencia cuya validez se fijará de conformidad con la legislación del Estado de acogida.

En el momento de su renovación, las autorizaciones de residencia expedidas tendrán una duración al menos igual a las de las autorizaciones que sustituyan.

Tendrán derecho de obtener una autorización de residencia con el titular del permiso de residencia legalmente establecido en el Estado de acogida:

a) su cónyuge y sus descendientes menores de 21 años o a cargo, b) los ascendientes del titular del permiso de residencia y de su cónyuge que estén a su cargo.

Estas disposiciones se aplican a reserva de que el titular del permiso de residencia al que se refieren los artículos 5 y 6, así como los

miembros de su familia que se reúnan con él, dispongan de medios suficientes y de cobertura social. El apartado b) del presente artículo no es aplicable a los estudiantes. Los permisos de residencia expedidos a los miembros de la familia serán de la misma naturaleza y de la misma duración que la del titular con el que se reagrupan. Estas disposiciones no se aplicarán ni a los trabajadores temporales ni a los trabajadores fronterizos.

Andorran nationals may reside and work indefinitely in Spain under the same conditions as Spaniards when they have resided legally and continuously in Spain for five years or comply with the requirements referred to in article 183 of the Regulation of Organic Law 4/2000, also included in its corresponding information sheet “49. National long-term residence permit”.

1. Tendrán derecho a obtener una autorización de residencia de larga duración nacional las personas extranjeras que hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante los cinco años previos a la presentación de la solicitud.

2. La continuidad a que se refiere el apartado anterior no quedará afectada por ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de diez meses dentro de los cinco años referidos en el apartado 1, salvo que las correspondientes salidas se hubieran efectuado de manera irregular.

En caso de ausencias por motivos laborales, la continuación de la residencia no quedará afectada por ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de dieciocho meses dentro de los cinco años requeridos.

La continuidad a que se refiere el apartado anterior no quedará afectada por ausencias del territorio español por causas de fuerza mayor debidamente justificadas. En este caso será el órgano competente en resolver el encargado de valorar de forma individualizada si existe una situación excepcional que justifique dichas ausencias.